Human Rights Watch presentaba ayer una petición al Senado español para que dé marcha atrás a la llamada "Ley Mordaza". Desde la organización pro-derechos humanos inciden en que el proyecto legislativo, que ya fue aprobado por el Congreso de los Diputados, contiene disposiciones que violan los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica, libertad de información penaliza injustificadamente a grupos vulnerables e incumple normas internacionales sobre asilo. No son los primeros que presentan una "queja formal" ante esta Ley, ni mucho menos. No son los primeros pero tampoco serán los últimos. Hasta la ONU advirtió de los riegos de esta Ley.
Seguramente, alguno pensará que no soy objetivo, que no tengo una posición imparcial ante esta ley, perdón, Proyecto de Ley Orgánica que actualmente se está tramitando en el Senado, en su fase final. No puedo serlo. No puedo serlo porque, entre otras cuestiones, esta Ley, en mi opinión, supone una gran injusticia contra la profesión del fotoperiodista al establecer criterios muy vagos que son muy susceptibles de interpretación. Y es ahí, donde radica el problema para la profesión del fotoperiodismo.
Cámaras, videocámaras y demás medios de grabación quedan en entredicho: De medios testigos a censurados
Hagamos una parada fundamental en este camino hasta comprender, o intentarlo, la llamada Ley de Seguridad Ciudadana en sus artículos más controvertidos el artículo 36.26 del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, un artículo que parece o pudiera estar destinado a impedir que se fotografíe o se grabe a miembros de las fuerzas de seguridad del estado que en el ejercicio de sus funciones. Un artículo cuyo tenor literal es el siguiente:
Artículo 36.26
El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.
¿Pero quién autoriza? ¿Cómo se establece ese respeto al derecho a la información? ¿Quién establece si las imágenes constituyen riesgo o no? Pero sobre todo, yo me pregunto: ¿Es que no tienen derecho los ciudadanos a conocer la verdad de lo ocurrido? Demasiados interrogantes que pueden dar lugar a demasiadas variables en forma de interpretación del artículo.
El problema viene como siempre con esa palabra que tiene tantos significados diferentes: Seguridad. Es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución. Pero viéndolo desde un punto de vista legal, los problemas, en este caso siempre se dan cuando el desarrollo o cobertura legal de unos derechos fundamentales chocan con otros.
Hay gente que justifica la seguridad en aras de que si no ocultas nada, no pasa nada. No estoy de acuerdo, por supuesto, pero allá ellos si quieren estar vigilados, coartados en cualquier movimiento que hagan. Ya lo estamos de hecho, pero eso es otra cuestión.
Porque también nuestra Constitución recoge que son Derechos fundamentales:
- Derecho a la información: A recibirla y emitirla con prohibición expresa de la censura previa, el secuestro administrativo y cualquier maniobra para dificultad el acceso a la información y la cultura.
- Derecho de reunión, manifestación y asociación.
En los últimos años hemos vivido un progresivo recorte de derechos fundamentales, que ha sido respondido mediante una movilización social sin precedentes, en buena parte alimentada por la interacción entre la acción callejera y el ciberactivismo online. [...] la última década está salpicada de acontecimientos donde el activismo político no se ha limitado al plano físico, sino que se han nutrido de la comunicación en tiempo real de los activistas facilitada por las nuevas tecnologías telemáticas.
- Carlos Sánchez Almeida - Abogado, socio director de Bufet Almeida, en el diario El Mundo - 15/07/14
En la vida real, las personas tenemos escalas de valores que variamos en función de nuestras necesidades. Para tener un marco común de convivencia, nacen las Cartas Constituyentes y sus correspondientes desarrollos en forma de Leyes en los países democráticos pero también existen Cartas de Derechos tanto nacionales como internacionales. Además de que nuestro país se encuentra sujeto, también a la legislación europea e internacional. En fín, demasiado complejo para los ciudadanos normales, entre los que me considero. Lo único que se me ocurre, es que en caso de conflicto de algún tipo de Derecho Fundamental lo debería resolver el juez correspondiente, pero cuando, parece, que la propia Ley establece un conflicto ya de base, a mí al menos se me escapa la respuesta.
No detengas al fotoperiodista, por favor, está haciendo su trabajo: informar y ejercer el derecho constitucional a la libertad de información
Sin entrar en las numerosas actuaciones que la Ley de Seguridad Ciudadana pretende prohibir es fácil que se puede dar el caso, de que un profesional esté trabajando y cubriendo un suceso acabe detenido.
Ah, perdón que esto parece que ya ocurre. Y si no remitámonos al caso más reciente del fotoperidista Jaime Alekos, editor de Fotoperiodismo Humano que relataba lo sucedido así:
Con las manos arriba, mi cámara y micrófono colgando del cuello, comunico que “soy periodista” y lo repito.
El colaborador de el programa El Intermedio de la cadena televisiva La Sexta, Gonzo, ha entrevistado al reportero gráfico Jaime Alekos, uno de los detenidos en el desahucio la Calle Ofelia Nieto en el barrio madrileño de Tetuán..
El periodista, solamente, estaba grabando los hechos como prueba el vídeo que él mismo ha subido a internet. Y es precisamente, esto lo que permite que el ciudadano pueda juzgar por si mismo los hechos acaecidos. Algo que ha llevado a la Plataforma en Defensa por la Libertad de Información a denunciar la situación ante
El testimonio verbal y gráfico de muchos de los fotoperiodistas de este país, que, además de sobrevivir a su maltrecha profesión, arriesgan su propio pellejo en muchas ocasiones, es fundamental y necesario para el sano ejercicio democrático de nuestro país.
Imágenes como la de Txema Fernández Casado, que encabeza este artículo (gracias Txema), podrán suponer hasta 30.000 euros. Hace 30 años, en febrero de 1985, esa imagen de Txema le supuso el premio Fotopres.
El diario El País recogía así la noticia:
José María Fernández Casado, redactor gráfico de la agencia Efe, ha obtenido el primer premio del certamen Fotopres-85 convocado por la fundación Caja de Pensiones, la Caixa, por la fotografía titulada Guerra en el astillero, en la que se ve a un policía nacional, pistola en mano, en la manifestación que se celebró en Bilbao tras el funeral por la muerte de un trabajador, empleado de un astillero.
Como decía el propio Txema, cómo ha subido la inflación, de ser premiada a ponerte una multa de hasta 30.000 euros. Algo que puede suponer el fin de la carrera profesional de muchos fotoperiodistas puesto que la profesión se dirige sin remedio a la figura del fotoperiodista freelance, sin agencias que puedan ofrecerle un respaldo ante problemas o situaciones cómo esta.
Una ley que también carga contra el llamado fotoperiodismo ciudadano
Todo el mundo tiene una cámara. Pero en España deberás tener mucho cuidado con ella. Ya en Xataka, por ejemplo, nos advertían de los posibles problemas a la hora de tuitear o navegar por internet.
Recuerdo que hace unos días hablaba con Paul Hansen, un personaje que prácticamente lo ha ganado todo en el fotoperiodismo nacional de su país y a nivel internacional. Si hay algo que me impactó de todo lo que dijo fue esto:
[el fotoperiodismo ciudadano] es algo maravilloso porque tiranos y dictadores de todo el mundo lo tienen mucho más difícil para esconder la verdad. Todo el mundo tiene una cámara.
Recuerdo la entrevista con la gente de Fotomovimiento, pioneros en el asociacionismo y periodismo ciudadano en nuestro país.
A través de sus fotografías quieren contar historias, piezas de realidad que no tienen cabida en los grandes medios, que nunca están en las agendas mediáticas. Dicen que no son neutrales porque lo que quieren es estar cerca de las personas, que confíen en ellos, sentir, desde el primer momento, la necesidad de contar una realidad social a través de la fotografía, por compromiso social y personal, por deber ciudadano. Dentro de su labor fotográfica, además de tratar de cubrir los actos del día a día, han trabajado reportajes de mayor profundidad como fue la cobertura que realizaron de la marcha minera de 2012 (por el abandono institucional que sufre dicho sector), los incendios de Valencia de ese año, reportajes a los afectados por la venta de preferentes o colectivos excluidos socialmente. Siempre con una visión personalizada, centrada en la historia de una persona o colectivo.
Cuestiones como éstas, quedarían al borde de la ley o fuera de ella y serían punibles, posiblemente con seguridad, en caso de que finalmente se apruebe la Ley de Seguridad Ciudadana.
Conclusiones, no. Un deseo, tal vez
Aunque la Ley tiene soluciones razonables a ciertas cuestiones, mi conclusión es que no tengo conclusiones (solo sé que no sé nada) pero sí tengo un ferviente deseo de que encontrar la verdad, de que informar sobre la verdad de los acontecimientos, pese mucho, mucho más que ocultarla. La justicia debe ser ciega pero debe mostrar la verdad.
Decía Albert Einstein:
Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro.
Fotografía de portada | Txema Fernández Casado
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